jueves, 2 de agosto de 2012

COMUNICADO DE PRENSA



CONSTITUIDA EN MARMOLEJO UNA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LOS SUPUESTOS “DELITOS URBANÍSTICOS”  DEL CASO TORRECILLAS

  • La Justicia como herramienta para la venganza. Los afectados se sienten víctimas de la venganza de un vecino.
  • Los tres Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Andújar están terminando la instrucción de las diligencias previas abiertas con propuestas de penas de hasta 2 años de prisión, demolición de las construcciones, con multas y fianzas de hasta 6.000€.

La semana pasada fue constituida la Asociación AFOTOMOQUE de afectados por diligencias de investigación penal nº 103/10 seguidas en la Fiscalía por escrito remitido por la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de Fuente Olid, Torrecillas y Molino Quemado, conocido en Marmolejo como “Caso Torrecillas”. Los fines que persigue esta Asociación son poner en común y desarrollar actividades en defensa de la “injusticia” que, en su opinión, se está cometiendo con los afectados. Este caso vio la luz en 2010 cuando un vecino del pueblo presentó una denuncia de más de un centenar de construcciones presuntamente ilegales en suelo no urbanizable. En la localidad están convencidos de que esa denuncia se presenta como venganza de este vecino contra el anterior alcalde por no haberle concedido una licencia para abrir un negocio de recogida de aceituna.


Según nos informa la Junta Directiva de la Asociación AFOTOMOQUE, todas las construcciones expedientadas disponen de Licencia de Obras y Permiso de Primera Ocupación, por ese motivo se creía que los expedientes se archivarían en la fase de instrucción. Sí admiten haber realizado a posteriori acciones como: hacer un porche, hacer una piscina-alberca, cortar tabiques interiores para disponer de unas dependencias mínimas del tipo cuarto de baño, cocina, chimenea, etc. Este tipo de acciones a posteriori son llevadas a cabo, aseguran, desde siempre y en todos los parajes del extrarradio de Marmolejo sin excepción, no sólo en los tres parajes denunciados, y están justificadas por ser prácticas habituales en todo el término municipal, donde existen más de cuatrocientas construcciones de este tipo. En declaraciones de los afectados, “estas adaptaciones tienen como finalidad poder realizar las faenas agrícolas, o simplemente estar en el campo, de una forma digna, pudiendo ir al baño como cualquier persona, o calentar la comida o echar una siesta, o por qué no, hacer una paella los fines de semana con la familia. ¿Acaso los sucesores de los antiguos hortelanos de la zona no tienen derecho a eso en su propia tierra?, o es que por ser gente del campo tenemos que estar en una choza como hace 50 años.”

La semana pasada también se han mantenido reuniones informativas con el actual equipo de gobierno del ayuntamiento (IU y PP) así como con el representante del PSOE local, para presentar la Asociación y, a la vez, solicitar la colaboración de todos ellos en la defensa de los afectados. Después de mantener dichas reuniones, la percepción de la Junta Directiva es muy positiva en los tres casos, en el sentido de observar una predisposición unánime para ayudar en los siguientes pasos que se den desde la Asociación.

Este caso no es un caso aislado en Andalucía, donde están proliferando situaciones muy parecidas a lo largo de todo el territorio andaluz. Según los expertos consultados, esto es debido a la aparición de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya aplicación está dando lugar a situaciones injustas que equiparan el hipotético delito de “construir un porche” con la construcción, por ejemplo, del Hotel Los Algarrobicos o, aún peor, con cualquier acto criminal. Por este motivo, la Junta de Andalucía intenta normalizar
esta realidad con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que actualmente se encuentra en fase de desarrollo. No obstante y como injusticia adicional para los socios de esta Asociación, las edificaciones inmersas en procedimientos penales como las de AFOTOMOQUE no se podrán normalizar con este decreto por el simple hecho de estar en proceso, por lo que, en opinión de AFOTOMOQUE, “construir un porche sin licencia puede ser infracción administrativa regularizable con el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, o bien, te convierte en un delicuente criminal si eres víctima de la denuncia por venganza de un vecino contra su alcalde.”

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